Sabemos que Casaravilla y su entorno se ven a sí mismos como los mesías salvadores de la UTE y que en ese esfuerzo redentor, ni siquiera la ley es una barrera: ¡hay que buscarle la vuelta! (sic). El desacato es un mérito del que se hace alarde en los medios.

Ahora, este presidente, con estos antecedentes, avisa que tiene una nueva “PROPUESTA DE ADECUACIÓN ORGANIZATIVA”.

Y obviamente no podemos dejar de pensar en sus antecedentes.

No se nos pasa que, en el 2013 salió el Decreto PE 63/013 promovido por el presidente Casaravilla, que fue impugnado por APROM y por cientos de funcionarios y derogado parcialmente por el TCA. En particular fueron derogados los aspectos que tenían que ver con la encomendación a dedo de los puestos gerenciales.

No se nos pasa que, hace un tiempo vino una nueva intentona y una movida el cuerpo gerencial que acompañamos, logro detenerla. Al igual que hoy frente a la citación e intento de cambio organizativo mesiánico también estamos acompañando esta nueva movida liderada por los gerentes, que nos consta esta siendo acompañada por muchos funcionarios de todos los niveles organizativos.

No se nos pasa que, UTE se encuentra en desacato, menoscabando la autoridad del TCA, al no convocar a APROM a las instancias de negociación colectiva.

Esta conducta autodestructiva ya es grave per se, pero mucho más grave es cuando se está al frente de una organización que supo ser referencia nacional e internacional.

Dr. Casaravilla, lo invitamos a reconsiderar y ofrecemos de nuestra parte toda la apertura y voluntad negociadora para hacer viable una alternativa a esta coyuntura actual.

APROM debe participar en la negociación del convenio. Nuestra marginación es insostenible además de inconveniente.

Actuar fuera de la ley vuelve ilegítimo al acuerdo que se busca. Otro rumbo es posible, solo se precisa más ética y menos retórica, más coherencia y voluntad política.